miércoles, 7 de julio de 2010

España: aborto voluntario hecho ley.

La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo ha entrado en vigencia el pasado 5 de julio, y ya hay polémica.

La norma establece un plazo de 14 semanas para que las mujeres, "sin interferencia de terceros", puedan abortar libremente. Asimismo, tendrán la posibilidad de interrumpir su embarazo hasta la semana 22 si "existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto".
La ley también permite abortar en cualquier momento del embarazo si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida" o cuando se descubra en el feto "una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico".

Promesa electoral

En su programa electoral de cara a las elecciones de 2008, el PSOE (Partido Socialista de España) se comprometió a "promover la reflexión, atendiendo al debate social, sobre la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la posibilidad de modificarla con el fin de garantizar la equidad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria".

"Cualquier posible modificación deberá basarse en un amplio consenso garantizando, en su aplicación, la seguridad jurídica para los equipos médicos y para las mujeres cuya voluntad debe ser respetada dentro de los límites de la ley", agregaba el programa.
Seis meses después de las elecciones, el 4 de septiembre de 2008, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunciaba que el gobierno aprobaría una "nueva" ley del aborto que homologara la legislación española a la de algunos países europeos. En este tiempo, el gobierno español ha defendido que la reforma es necesaria porque "las mujeres deben de tener derecho a decidir cuándo quieren ser madres" y recalcan que la nueva ley busca prevenir embarazos no deseados.
Durante este proceso se crearon dos órganos destinados a elaborar las propuestas de las nueva ley, el Comité de Expertos del Ministerio de Igualdad y la Subcomisión del Congreso sobre la aplicación de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El Partido Popular (PP) denunció que el Comité de Expertos estaba formado sólo por personas "proabortistas" y que el PSOE no ha escuchado las recomendaciones que hicieron los comparecientes que participaron en la Subcomisión a propuesta de los 'populares'.

Chicas de 16 y 17 años

Uno de los puntos más polémicos de la Ley ha sido el apartado referido a las menores. Tras una enmienda presentada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), la norma establece que las chicas de 16 y 17 años podrán abortar sin consentimiento paterno.

En cuanto a la información que deben recibir los padres, la ley fija que al menos uno de sus progenitores o tutores tiene que ser informado de la decisión, salvo "cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".
Ante esta nueva ley, los grupos antiabortistas se movilizaron para que los diputados y senadores rechazaran el proyecto de ley durante su tramitación y convocaron dos manifestaciones en Madrid. La primera de ellas, el 29 de marzo de 2009 bajo el lema 'No existe el derecho a matar. Existe el derecho a vivir' y la segunda, el pasado 17 de octubre en Madrid, bajo la consigna 'Cada Vida Importa'. Recientemente, esta semana, los grupos antiabortistas, junto con el apoyo y conducción de la jerarquía de la iglesia católica, han vuelto a manifestarse con la ley.

Amplio respaldo en el Congreso

Finalmente, el texto fue aprobado en el Congreso de Diputados con 184 votos del PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos de los 10 diputados de CiU. Por el contrario, el proyecto fue rechazado por el PP, siete diputados de CiU, Coalición Canaria, UPN y UPyD, que sumaron 158 votos. La única abstención fue de CiU.

El Senado, por su parte, aprobó la norma por 132 votos a favor (PSOE, Entesa, tres senadores de CiU, PNV, BNG, el representante del PSM-EN, dos senadores independientes de Navarra e Ibiza y uno de Coalición Canaria), 126 en contra (PP, tres parlamentarios de CiU y la representante de UPN, el del Partido Aragonés y otro de Coalición Canaria), y una abstención (CiU).
Tras la aprobación definitiva, el Ejecutivo manifestó que se había dado un "paso de gigante" en defensa de la mujer y calificó el día como "grande para la democracia". Por el contrario, las asociaciones provida indicaron que era "un día muy triste en la historia de España" porque "esta norma que desprotege a la mujer y al niño traerá mucho dolor y sufrimiento a la sociedad española.

Intervino el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional de España (TCE) acordó el miércoles estudiar si una nueva ley que rige el aborto, que entra en vigencia el lunes próximo y permite el procedimiento sin restricciones en las primeras 14 semanas de embarazo, viola la carta magna o no.

El TCE dio un plazo de tres días al gobierno y al Parlamento para que presenten las alegaciones de si debe suspenderse la ley de forma cautelar mientras el tribunal delibera, como buscan los conservadores que impugnan la legislación.

El conservador Partido Popular entabló la impugnación en junio, argumentando que la nueva ley es inconstitucional.El conservador Partido Popular entabló la impugnación en junio, argumentando que la nueva ley es inconstitucional.
Bajo la actual ley de aborto en España, que se remonta a 1985, las españolas podrían en teoría ser enviadas a la cárcel si tienen un aborto fuera de ciertos límites estrictos: hasta la duodécima semana de embarazo en caso de violación y hasta 22 semanas si el feto está malformado.

Sin embargo, en la práctica el aborto está ampliamente disponible porque las mujeres pueden hacer valer la aflicción mental como único motivo para abortar, sin tener en cuenta cuánto tengan de embarazadas. La mayoría de los más de 100.000 abortos que se realizan cada año en España fueron del tipo de fase temprana que cayeron bajo esta categoría.

La nueva ley elimina la amenaza de prisión y declara que el aborto es un derecho de la mujer.

Al impugnar la cláusula de las 14 semanas como inconstitucional, el Partido Popular citó un fallo de 1985 del Tribunal Constitucional, que dijo que los derechos de una mujer no podrían tener precedencia automática sobre los de su feto, sino sólo en los casos de violación, malformación fetal o cuando la salud de la madre está en riesgo.

El establecer un periodo para el aborto sin restricción "la nueva ley viola el equilibrio entre los derechos de la madre y los del no nacido. Con ella el niño queda totalmente desprotegido", dijo la legisladora del Partido Popular Sandra Moneo.

El partido sostuvo también que permitir que los menores de 18 años tengan abortos sin el consentimiento paterno viola los derechos de los padres.


(Fuente: Diario "El País" y "La voz Arizona")