Desde la muerte de Wanda Taddei, se cometieron 42 femicidios por incineración

En el marco del juicio que comienza hoy por la muerte de Wanda Taddei, quien falleció por incineración presuntamente ocasionada por su esposo en febrero de 2010, desde La Casa del Encuentro dieron a conocer la existencia de 41 mujeres más que en los últimos dos años fueron víctimas de femicidios con fuego.

LUCHEMOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El debate por los crímenes de este tipo se reavivó el pasado 21 de febrero, exactamente dos años después del crimen de Wanda, cuando Aldana Torcheli, una joven de 17 años, falleció por quemaduras en el 75% de su cuerpo que también habrían sido ocasionadas por su pareja.

Pero detrás de aquellos casos que trascendieron en la opinión pública se encuentran 40 mujeres más que fueron asesinadas por violencia de género con esta misma modalidad. Tan sólo en lo que va del año, ya ocurrieron tres homicidios de este tipo. A ellos se suman 28 casos en 2011 y 11 muertes en 2010.

Según el informe elaborado por el Observatorio de Femicidios, el fuego fue la cuarta modalidad más utilizada por los homicidas el año pasado.

En relación a este aspecto, la ONG registró que el uso de armas de fuego fue el método más utilizado por los asesinos, ya que 73 de las víctimas murieron baleadas. Luego se ubican 62 mujeres que fallecieron apuñaladas y otras 43 asesinadas a golpes. En tanto, fueron 28 las que, al igual que Wanda y Aldana, murieron por incineración. 

“La impunidad tiene un efecto multiplicador”

El aumento de asesinatos con fuego parece tener una relación directa con la falta de condenas justas. “Tenemos un porcentaje altísimo de mujeres incineradas y en la mayoría de los casos no hay personas detenidas y se registra como suicidio. La impunidad ejerce un efecto multiplicador en estos casos”, afirmó Rico al respecto. 

Y añadió que en otras ocasiones “las condenas que reciben los femicidas son vergonzosas”. En este sentido, señaló que, actualmente, en aquellos casos reconocidos como homicidios el culpable recibe una pena de 12 años en promedio. 

Es por ello que desde La Casa del Encuentro junto a diversas organizaciones del país exigen la inclusión de la figura de femicidio en el Código Penal y destacan la urgencia de diversas medidas para proteger a las mujeres y evitar estos crímenes.

En ese marco, ya se presentaron varios proyectos al Congreso para incluir el femicidio como una figura penal autónoma que permita condenar con cárcel perpetua a los asesinos. Según la directora de la ONG, esto también permitiría que los famicidas no sean quienes eduquen a sus hijos, quienes generalmente también son los hijos de la víctima. 

“En la actualidad el agresor no pierde la patria potestad. Si le dan 12 años y la criatura era chiquita, cuando sale termina educando a ese niño”, explicó.

“Nosotras seguimos diciendo que se hacen cosas pero falta mucho más; campañas de prevención,  concientización, más hogares de refugio”, enumeró la fundadora de La Casa del Encuentro.

En consonancia con un fenómeno que se repite año a año, 31 de las mujeres asesinadas en 2011 ya habían realizado la denuncia por violencia de género. Ante esta realidad, desde la asociación demandan la existencia de medidas que permitan una protección integral y efectiva para la mujer víctima de violencia y que de ese modo se evite llegar al homicidio.

fuente:http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=88599

EMPIEZA HOY EL JUICIO AL BATERISTA DE CALLEJEROS POR EL FEMICIDIO DE WANDA TADDEI

"Este tema debe ser una causa nacional"

El padre de la víctima consideró que “hay pruebas contundentes” contra Eduardo Vázquez, acusado de haber rociado con alcohol y prendido fuego a su mujer. Cinco especialistas en violencia de género analizan el significado del juicio.

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Wanda Taddei, la joven que murió tras once días de agonía, con profundas quemaduras en la ingle, las manos, la vulva, el pecho y el abdomen. El único imputado, acusado de haberla rociado con alcohol y prendido fuego, es su marido, el baterista del grupo Callejeros, Eduardo Vázquez. Una serie de testigos desfilarán ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 e intentarán desarmar la versión del “accidente doméstico” que pretendió imponer Vázquez desde un primer momento para limpiar su presunta culpabilidad en el hecho, aprovechando que su esposa quedó a poco de llegar a la guardia hospitalaria inconsciente y nunca más se recuperó: estuvo en coma farmacológico por los fuertes dolores que le provocaban las heridas.
 ¿Marcará el juicio por su femicidio un antes y un después en la lucha contra la violencia machista en la Argentina como hace 24 años lo marcó el homicidio de Alicia Muñiz, a manos del boxeador Carlos Monzón, un hecho que por su trascendencia mediática permitió visibilizar el problema social de la violencia doméstica, hasta ese momento silenciado entre las paredes de los hogares?
 Cinco especialistas en el tema y el padre de Wanda, Jorge Taddei, convertido hoy junto a su esposa, Beatriz Regal, en activista contra la violencia de género, analizan la trascendencia del juicio y sus implicancias.

“A mi hija no me la devuelven. Pero quiero que este juicio le sirva a la sociedad, que sea un granito de arena que ayude a combatir la violencia de género. Es un tema que debe ser una causa nacional”, dijo Taddei, carpintero ebanista de profesión, ya jubilado, de 70 años, cumplidos ayer.

La muerte de Wanda tuvo una amplia cobertura mediática porque involucró al baterista del grupo de música signado por el incendio en la disco Cromañón, donde fallecieron 194 personas. Después del femicidio de Wanda, que en un principio pareció que podría quedar impune, aumentaron estrepitosamente los casos de mujeres incineradas por sus parejas. Otras 41 mujeres tuvieron un final similar, de acuerdo con el relevamiento del Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, desde el fallecimiento de Wanda, el 21 de febrero de 2010, en los últimos dos años.

“Este juicio debe ser minuciosamente publicitado. Desde ese femicidio la modalidad fue copiada y reproducida cada vez que se comunicaba un nuevo caso. Porque junto con prender fuego a una mujer, se comunica la impunidad, la diferencia entre la profunda certeza personal y la elusiva prueba jurídica, el eficaz cinismo abogadil de explicar las quemaduras en las manos del femicida como intentos de salvar a la víctima. Un juicio, una oportunidad de hacer públicas las palabras y las acciones de la Justicia, una oportunidad para hacer una grieta promisoria en la cerrada trama del patriarcado misógino y cómplice. Esto no es sobre varones y mujeres, esto es sobre asesinos impunes y oportunidad de igualdad ciudadana”, evaluó la doctora en Filosofía, feminista y ex legisladora porteña Diana Maffía.

Taddei señaló que “hay pruebas contundentes contra Vázquez”. Cuando la Justicia aceptó a los padres de Wanda como querellantes en la causa, la investigación judicial empezó a tomar otro rumbo. En un principio el juez Daffis Niklison dictó la falta de mérito a Vázquez y ordenó su “inmediata libertad”. Creyó en su versión del “accidente”, que dejaba un peligroso mensaje de impunidad, que pudo haber favorecido que otros violentos apelaran a la misma modalidad –el fuego– para castigar y eliminar a sus parejas. Pero el 4 de noviembre de 2010 la causa dio un vuelco: la jueza Inés Cantisani procesó a Vázquez con prisión preventiva por considerarlo “prima facie autor criminalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo”.

“Llevar a juicio a Eduardo Vázquez, acusado de ser autor del homicidio de Wanda Taddei empleando una forma particularmente cruel, significa la posibilidad de sentir que se avanza contra la impunidad, que es posible hacer funcionar la maquinaria de la Justicia penal impulsando un proceso que es capaz de analizar las pruebas reunidas consideradas en su conjunto, y no como piezas sueltas e inconexas. El juicio implica la posibilidad de la condena del agresor, al menos en un caso”, consideró la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). De todas formas, Gherardi advirtió que no se debe confundir este avance, que aún debe consolidarse en la etapa del juicio, con eventuales efectos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en general. “La condena de un hecho no tiene efectos disuasorios respecto de otros posibles agresores. Para avanzar en ese sentido, necesitamos seguir reclamando campañas, prevención, información, recursos económicos y sociales”, indicó Gherardi.

Cuando murió, Wanda tenía 29 años y dos hijos de una pareja anterior, que hoy tienen 8 y 10 años. El testimonio en cámara Gesell de uno de ellos, el menor, fue muy importante en la causa para empezar a tumbar la versión de Vázquez. El niño contó que escuchó que su mamá y Vázquez tuvieron la noche del supuesto “accidente” una fuerte discusión. Uno de los principales testigos del juicio será el médico Marcos Ferrari, quien recibió a Wanda en la guardia del Hospital Santojanni y declaró que poco antes de perder la conciencia ella le dijo que “él –por Vázquez– se me apareció con la botella de alcohol y el encendedor en la mano y después me prendió fuego”. También dijo que Vázquez llegó a la guardia “sacado”. Además está previsto que testifiquen dos policías que escucharon al baterista en el hospital decir a los gritos “a esta loca no le crean”, cuando la joven daba cuenta de lo sucedido con su cuerpo, y un albañil que estuvo trabajando en la casa del matrimonio y escuchó un día antes del presunto ataque que él la amenazaba con quemarla. Está previsto que el juicio se desarrolle martes y jueves a partir de las 9.30 y se extienda aproximadamente por dos meses.

Para Perla Prigoshin, titular de la Comisión para elaborar las sanciones contra las diferentes formas de violencia de género (Consavig), del Ministerio de Justicia de la Nación, si Vázquez es sentenciado por el crimen, “los medios tendrán una herramienta para mostrar que las mujeres no somos combustible para violentos y deberán, tantas veces como mostraron a una ‘estrella de rock’ zafando (de la Justicia, al comienzo de la investigación judicial), reproducir la imagen del femicida condenado con la máxima sanción que admite el Código Penal”.

Fabiana Tuñez, de La Casa del Encuentro, destacó el incesante trabajo de los padres de Wanda para llevar pruebas a la Justicia para el esclarecimiento del hecho, pero también subrayó la tarea que vienen desarrollando Jorge y Beatriz ayudando a otras familias cuyas hijas fueron víctimas de la misma modalidad de incineración, y contribuyendo a concientizar sobre el problema. “Esperamos que los fallos sean justos en relación con el presunto delito cometido por el único imputado, para que el mensaje sea claro: el repudio jurídico a conductas que no tienen que ser aceptadas, justificadas ni morigeradas. Este juicio puede demostrar a los agresores que el crimen perfecto no existe, y de esta forma evitar el efecto impunidad”, afirmó Tuñez. Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), Susana Medina, integrante del Superior Tribunal de Entre Ríos, “este juicio es emblemático y aparece como una oportunidad para demostrar la importancia de lo que significa poner fin a la violencia contra la mujer”. Y a la vez “pondrá en evidencia la existencia de los tan mentados estereotipos que colocan a la mujer en una situación de sometimiento, la situación de verse tratada como un objeto de la propiedad del varón que lo habilita a hacer de esa mujer objeto de los más crueles tratamientos”.

Vázquez llega al juicio detenido. Apenas sufrió heridas leves en las manos como consecuencia del fuego asesino. Desde hoy estará sentado en el banquillo de los acusados frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-188495-2012-02-28.html

Se develan las redes de trata

El 8 de febrero, con gran cobertura de los medios y la presencia del movimiento de mujeres de Tucumán, comenzó el juicio por el secuestro de Marita Verón.

Juicio histórico que por primera vez en nuestro país está develando las oscuras tramas de la trata de personas. Marita Verón fue secuestrada el 3 de abril de 2002, pronto se cumplirán 10 años en que la buscamos, en especial su madre, Susana Trimarco, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la trata de mujeres.
Tuvieron que pasar diez años para que se sustancie este juicio que pone en el banquillo de los acusados a 13 personas ligadas a la red de trata.
Ya van tres jornadas con las declaraciones como primera testigo de Susana Trimarco, en donde ha relatado las circunstancias del secuestro de Marita, los datos que ella misma recogió en su investigación. Datos para los que tuvo miles de interferencias por parte de la policía, el poder judicial y el poder político. Relató con muchos detalles los testimonios de jóvenes secuestradas que fue encontrando en la difícil búsqueda de su hija. Así como también varios testigos que vieron a Marita en los prostíbulos donde estuvo secuestrada.
“Yo no puedo declarar porque el juez que tiene que tomar mi declaración se acostó conmigo” dijo una de las jóvenes rescatadas por Susana. También relató los testimonios de algunas de las jóvenes que contaron las torturas, humillaciones y vejámenes sufridos en los prostíbulos con el fin de quebrarlas y esclavizarlas.
Susana también declaró que no podía ir a la Casa de Gobierno porque ahí está la mafia de los Ale, (un grupo de mafiosos de la provincia que maneja el juego, la prostitución y la droga en Tucumán), denunció la complicidad de la policía, el poder judicial y el poder político.
El juicio promete ser una denuncia contundente de la red de la trata, 160 testigos declararán durante el desarrollo del mismo, entre las cuales se encuentran mujeres rescatadas de los prostíbulos que la vieron a Marita en cautiverio.
El juicio y la lucha del movimiento de mujeres ha puesto en evidencia el profundo problema de cientos de mujeres desaparecidas para ser arrojadas a las redes de trata para la prostitución, delito que mueve un poderoso negociado, donde las víctimas somos las mujeres; delitos imposibles de sostenerse sin la connivencia del poder político, judicial y policial.

El movimiento de mujeres dijo presente 

El día de inicio del juicio y el día en que comenzó a declarar Susana Trimarco, muchas organizaciones de mujeres, organizaciones sociales y partidos políticos se hicieron presente en las puertas de Tribunales, exigiendo aparición con vida de Marita Verón, castigo y cárcel para los responsables, denunciando la complicidad de la policía, la justicia y el poder político con las redes de trata y prostitución. También exigieron el cierre de los prostíbulos y whiskerías que funcionan en nuestra provincia.

Fuente: http://www.pcr.org.ar/nota/mujer/se-develan-las-redes-de-trata

Jujuy: un fallo histórico

La CCC y otras organizaciones acompañaron las jornadas exigiendo justicia

El lunes 13de febrero, tras realizarse los alegatos de las partes en la audiencia de juicio oral que se llevaba a cabo contra Alan Yucra, el Tribunal lo condenó a veinte años de prisión.

Afuera, con un operativo policial inusitado y desproporcionado, un grupo de compañeros y compañeras de la CCC, amigos y familiares de Georgina esperaban la sentencia, y la misma fue considerada un verdadero triunfo teniendo en cuenta la adversidad de la legislación (sin figura de femicidio en el Código Penal) y los precedentes de casos similares, donde la condena iba de 10 a 14 años como máximo.

Los detalles de la sentencia

Si bien los fundamentos de la sentencia estarán recién la semana que viene, el Tribunal condenó a Yucra por homicidio simple, imponiendo por este delito la pena de 18 años de prisión. El acusado fue absuelto por el delito de aborto, y por tener una condena en ejecución condicional (sin cumplimiento) se unificaron las penas, por lo que Yucra fue condenado a 20 años de prisión.

El hecho de que fuera absuelto por el delito de aborto, genera en la querella la festejada posibilidad de apelar la resolución (decisión ya tomada), por lo que de lograr que dicho recurso prospere, los veinte años de condena podrían elevarse a más.

El fiscal Morales había pedido 22 años de prisión por los delitos de aborto y homicidio, la querella 25 años por los mismos delitos, y el defensor de Yucra pidió su absolución.

En el hall de Tribunales

Asimismo, como expresó Nancy Martines, dirigente de la CCC, al conocer el fallo, en un improvisado acto en el hall de Tribunales: “Se persigue a las mujeres que deciden abortar, pero no se persigue a un tercero que provoca un aborto”. Este fallo desnuda la hipocresía del Estado, al que solo le interesa perseguir el aborto cuando lo decide la propia mujer, pero no tiene ningún interés en perseguir a un tercero que atenta contra la decisión de una mujer de continuar con un embarazo.

La batalla emprendida para lograr una condena ejemplar al femicida Yucra, a la vez que puso en debate en la provincia de Jujuy la necesidad de incorporar la figura del femicidio al Código Penal, fue sostenida, masiva y muestra el camino certero para logar objetivos como los propuestos.

¿Cómo serán las próximas condenas a femicidas en Jujuy? ¿Cuánto sirvió y servirá esta pelea en el camino de terminar con la violencia de género? ¿Cuándo se modificará la legislación nacional para no tener el absurdo de condenar por homicidio simple a un asesino que no se casó legalmente con su víctima? Seguramente habrá un antes y un después de Georgina Vera. Eso trataremos.

Fuente: http://www.pcr.org.ar/nota/mujer/jujuy-un-fallo-hist%C3%B3rico

El grito que resumió los nueve años de lucha por Marita

La madre de la joven, la hija. Los diversos sectores sociales y políticos. Todos, en reclamo de justicia por el secuestro de Marita Verón a manos de una red de trata. En el arranque, los defensores de los imputados pidieron que se anulara el juicio. Hoy decide el tribunal.

El grito desgarró el sopor de la mañana: “Justicia, justicia por Marita”, clamó y medio centenar de personas se pusieron en marcha. Su destino fue el Palacio de Justicia de la ciudad de Tucumán, apenas cinco cuadras de camino, un recorrido simbólico para describir otro más arduo. Ese que recorrió la familia de María de los Angeles Verón desde que fue secuestrada, el 3 de abril de 2003, hasta ayer, cuando se inició el juicio oral y público por la “privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución” de la joven que entonces tenía 23 años; por quitarle la chance de acompañar a crecer a su hija, de convertirse en maestra de artes plásticas, de darle el último adiós a su padre, de diseñar su propio proyecto de vida. Por convertirla en una desaparecida.

Al frente de la marcha, Susana Trimarco, mamá de Marita, y Sol Micaela Alcalá, su hija ahora convertida en una señorita de pecas y ojos redondos, se daban la mano. Ellas, mejor que nadie, saben qué quiere decir aquello que rezaba la pancarta: “Buscamos a Marita, encontremos justicia”. Con su extraña sintaxis, la frase resume una trayectoria doble: la esperanza de encontrarla con vida, la necesidad de que se haga justicia aun de manera parcial. Porque en este juicio histórico que se abrió ayer, los hechos investigados se extinguen en 2004, cuando la fiscal Adriana Reinoso Cuello dio por cerrada la causa y pidió su elevación a juicio oral.

Los delitos que comenzaron a juzgarse ayer describen el secuestro de la joven, cómo la retuvieron contra su voluntad en una casa de un barrio periférico de San Miguel de Tucumán, cómo fue vendida cual ganado en pie a una banda de proxenetas de la ciudad de La Rioja, cómo la explotaron sexualmente en tres prostíbulos de la zona, y nada más. Después su rastro se pierde entre pistas mal investigadas o directamente descartadas, entre encubrimientos –de los que nadie duda aunque tampoco hay quién los señale con claridad– y vericuetos judiciales que llevan ocho años sin resolverse del todo.

Trece personas estuvieron sentadas ayer en el lugar de los acusados. Todos comparten la misma imputación: “Privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución en concurso ideal”. María Jesús Rivero, su hermano, Víctor Rivero; Daniela Milheim y Alejandro González, todos oriundos de Tucumán, serían los responsables de haberla secuestrado, retenido y vendido a la banda de La Rioja, integrada por Lidia “Liliana” Medina y sus hijos, José Gonzalo “Chenguita” Gómez y José Fernando “Chenga” Gómez –dueños de los prostíbulos Candy, Candilejas y El Destino, todos ubicados a la entrada de la capital riojana, sobre la ruta 38–; y por Carlos Luna, Paola Gaitán, María Azucena Márquez, Mariana Bustos -–todos regentes de los burdeles mencionados– y Carlos Andrada, un ex policía que sería quien trasladó a Marita Verón desde Tucumán a su provincia cuando todavía estaba en actividad.

Sobre la izquierda de una sala pensada hasta en sus últimos detalles –la altura de las sillas, la separación entre acusadores y acusados, el sitio destinado a la prensa, a los organismos de la sociedad civil, a los funcionarios públicos—, sólo estuvieron los dos fiscales, Manuel López Rouge y Carlos Sale, y los abogados de la querella y la demanda civil. Susana Trimarco, la madre de la víctima, no estuvo presente; su calidad de testigo no se lo permitió. Hablará el martes frente al Tribunal de la Cámara Penal Sala II de San Miguel de Tucumán y después podrá seguir el debate mirando de frente a quienes convirtieron a su hija en víctima. A Sol Micaela Alcalá Verón, que tenía tres años cuando vio por última vez a su mamá, no se le permitió ingresar a la sala. Ni siquiera cumplió los 14 y el Código Procesal tucumano impide que “los menores incapaces” presencien audiencias públicas. Hasta la noche del martes, cuando terminó la misa que pidieron para acompañar el pedido de justicia, estaba enfurruñada y con el puchero listo para convertirlo en llanto. No entendía que la dejaran afuera, alguien tenía que representar a la familia en ese primer día tan buscado y sólo quedaba ella; su abuelo materno, Daniel Verón, murió en el curso de estos diez años de búsqueda. Ayer, después de hablar con la defensora de menores que la representó en la audiencia, había aceptado que tal vez ése no era el mejor lugar para ella y eligió hablar a través de una carta pública (ver aparte).

La cita para la apertura del juicio oral y público era a las ocho. Tucumán ardía a esa hora bajo un cielo gris y una humedad que apenas dejaba respirar. Susana Trimarco, su nieta Micaela y la monja Berta Povalej –una anciana que es directora de la misma escuela a la que asistió Marita y ahora su hija– se despidieron en la puerta del resto de las y los manifestantes, donde organizaciones de mujeres y agrupaciones políticas habían instalado sus banderas. Medio centenar de periodistas se acomodaron como pudieron en la sala de prensa; sólo ocho consiguieron lugar dentro de la sala. La lectura de la acusación, en la voz de la secretaria del tribunal, Norma Díaz Volachec, provocaba gestos que pretendían manifestar sorpresa entre los imputados.

El interés político de la causa quedó claro con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. También estaban allí Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón, asesinado a fines de los ’90 por efectivos de la policía mendocina, y Eugenia Viera, hermana de Andrea Viera, asesinada por la Policía Bonaerense dentro de una comisaría. Las dos integran la Oficina Anticorrupción que desde 2004 elabora estrategias para hacer visible la trama de la trata de personas con fines de explotación sexual a través del caso de Marita Verón. La diputada Victoria Donda llegó después de iniciada la audiencia.

Desde la calle, los altoparlantes pedían por el fin de las redes de trata y exigían a los gritos la aparición de Marita y de Fernanda Aguirre –desaparecida en Entre Ríos en 2004–; esas voces fueron interpretadas como “hostilidad manifiesta” por los defensores de la mayor parte del grupo de los riojanos y exigieron que se pidiera silencio antes de seguir. Fue la primera de las maniobras dilatorias. Apenas terminada la lectura de la requisitoria penal y una vez descriptos los daños y pedidos de indemnización del actor civil, Carlos Garmendia, empezaron a presentarse las nulidades pedidas por los distintos defensores. Fueron cinco en total, la mayoría concordaba en lo mismo: deficiencias técnicas a la hora de tomar indagatoria a los acusados en el año 2003 por no haberse descripto acabadamente “el hecho histórico” que dio origen a la imputación. Pero estos cuatro pedidos de nulidad de todo lo actuado después de ese primer momento ya habían sido presentados y rechazados en cuatro instancias judiciales anteriores. Sólo una, a juicio de la querella representada por Carlos Vega, Belén Lembo y Jorge Dantona, merece análisis y respuesta. Se trata de la presentada por Roberto Flores, defensor de Carlos Luna, Paola Gaitán y José Gonzalo Gómez, quien dijo que no había sido notificado de la elevación a juicio en relación con Gómez, lo que lo habría dejado sin legítima defensa y en cambio se había notificado a Carlos Posse, defensor del hermano mellizo de Gómez, José Fernando. Que ambos imputados compartan uno de sus nombres de pila, el apellido y la fecha de nacimiento podría explicar el error; a esto hay que sumarle que los abogados Flores y Posse fueron alternativamente abogados de uno y otro de los mellizos y en la información presentada por el tribunal aparecen como codefensores de José Gonzalo Gómez. Todo esto hace suponer que la nulidad no será tomada en cuenta.

Lo cierto es que el debate no se abrió y se pasó a cuarto intermedio hasta hoy, cuando se dé vista al fiscal y el tribunal, integrado por Alberto Piedrabuena -–presidente– y los vocales Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, tome la decisión que corresponda. “Este juicio va a seguir –insistió, frente a Página/12, Carlos Garmendia—; desde 2004 que se intenta detenerlo con diferentes estrategias, el último recurso se presentó en diciembre del año pasado. Ahora no hay vuelta atrás y demostraremos, además de la responsabilidad de los imputados, cómo funciona una red de trata con fines de explotación sexual. Porque aunque no sea la ley de trata la que se aplica porque se sancionó en 2008 y la ley no es retroactiva, en todos los hechos descriptos estamos hablando y demostrando eso: un caso de trata, con una mujer secuestrada, retenida, vendida, trasladada y lamentablemente desaparecida.”

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-187249-2012-02-09.html

Rechazaron la nulidad y avanza el juicio por la desaparición de Marita Verón

El proceso oral y público continuará, se prevé, con la declaración de los primeros testigos. Ayer tuvo lugar la primera audiencia donde se realizó la lectura de la elevación a juicio y la acusación a los 13 imputados, quienes plantearon varias nulidades a las que el tribunal no dio lugar.

Tras el cuarto intermedio autorizado por el ayer a las 13:30, hoy a las 8:30 se reanuda el juicio por la desaparición de Marita Verón, en el cual la justicia tucumana investiga la participación de los 13 acusados en el caso.

Durante la primera jornada, el fiscal leyó la elevación, la demanda civil y la acusación contra los imputados. Mientras que la defensa reclamó la nulidad del proceso, argumentando que no hay pruebas, que son víctimas, todos, de una confusión.

El tribunal no dio lugar a este requerimiento tras los argumentos de la querella y las fiscalía, y el juicio seguirá su curso legal. El fiscal auxiliar Carlos Sale dijo que es un procedimiento normal que los defensores "recurran a todos los remedios procesales".

Hoy, además, se especula que empiecen a declarar los primeros testigos de los más de 150 que pasaran por el estrado, entre ellos Susana Trimarco, madre de Marita Verón.

La instrucción cuenta con pocas pruebas documentales, debido a que el proceso de investigación estuvo viciado por el accionar de los jueces y la policía provincial, que en un principio ignoraron la denuncia, alegando que Marita se había ido con otro sujeto, y plantaron pruebas falsas que hicieron perder.

Las acusaciones están basadas en testimonios, muchos de ellos de mujeres secuestradas en las redes de trata, que lograron escapar y algunas de ellas vieron a Marita.

Una de esas voces es la de una víctima secuestrada a los 15 años, a la que le ofrecieron ir a la casa de Daniela Milheim -una de las imputadas- a cuidar niños y terminó raptada y casi arrastrada a los cabarets de Río Gallegos. Ella dice haber visto a Verón "tonta de tanta pastilla" en esa casa del barrio Yerba Buena, en las afueras de Tucumán.

También está la declaración de Andrea Da Rosa, secuestrada a los 15 años en Misiones cuando iba a comprar pan, quien vio cómo a Marita Verón la tiñeron de rubia, le pusieron lentes de contacto, la escuchó hablar de su hija y un día fue testigo de cómo los hijos de otra imputada la subieron a un auto y se la llevaron. Ese es el último dato sobre el paradero de la joven.



Fuente: http://www.infobae.com/notas/631150-Rechazaron-la-nulidad-y-avanza-el-juicio-por-la-desaparicion-de-Marita-Veron.html

Juicio por el femicidio de Georgina Vera

Otro caso que evidencia la necesidad de que se declare la emergencia en violencia sexual y doméstica contra la mujer y de que se incorpore la figura del femicidio al Código Penal.

El 1 y 2 de febrero, se realizó en la Sala I de la Cámara en lo Penal, el juicio oral por el femicidio de la joven periqueña Georgina Vera, asesinada por su novio Yucra, quien luego de estar prófugo fuera detenido en la provincia de Salta estando detenido hasta la fecha.
Georgina Vera era una de las jóvenes que integraba la CCC, y trabajaba de serena en las casas construidas por las cooperativas de trabajo de la organización a fin de lograr tener su propia casa.
Este femicidio conmovió a los periqueños, y puso de resalto que la violencia doméstica contra la mujer, si no se para a tiempo, puede ocasionar la muerte, como cada día vemos en las noticias de nuestro país.
El caso de Georgina desnuda la inexistencia del Estado ante una muerte anunciada. Y el absurdo de que por no estar casada con su asesino (eran novios, y tenían una hija juntos, más un embarazo en curso) la acusación es de homicidio simple (de 8 a 25 años de prisión, con jueces que en la mayoría de los casos determinan la pena mínima). Si ellos hubiesen estado casados legalmente, la pena que correspondía era prisión perpetua, porque la acusación sería homicidio calificado.
Este absurdo, nos reafirma en la necesidad de incorporar la figura del femicidio al Código Penal, una lucha que venimos protagonizando con el conjunto del movimiento de mujeres desde hace tiempo; para que ese vínculo afectivo y esa violencia de género agraven el homicidio y lo tornen calificado.
Es así que la mesa local de la CCC de Perico, decidió movilizar al juicio oral durante el desarrollo de este. También lo decidió así la mesa Provincial de la CCC, movilizando el 1º de febrero.
Este juicio nuevamente pone sobre la mesa la necesidad de terminar con la violencia de género, que incorpore la figura del femicidio al Código Penal, y que se declare la emergencia en violencia sexual y doméstica contra la mujer, a nivel nacional, provincial y municipal, como fue solicitado por el SIEOM JUJUY de Perico y la CCC de Perico al Consejo Deliberante de dicha ciudad ni bien ocurrió este penoso crimen.
Exigimos y pelearemos una condena ejemplar por este crimen, y así lo demostraremos con las jornadas organizadas.

Una acusación que también pretendemos 

Este caso también pone de relieve la hipocresía del Estado que persigue con todas sus instituciones (Justicia, Policía, Hospital, etc.) a las mujeres pobres que deciden abortar en las peores condiciones, pero que no le interesa perseguir a quienes sin el consentimiento de la mujer deciden un aborto. Georgina estaba embarazada de tres meses. El asesino sabía de esa condición, y hablaba de disfrutar a su próximo hijo porque no había podido hacer eso con su hija pequeña.

Es por eso que la querella planteó la ampliación de la imputación, entendiendo que en este caso se debía perseguir a Yucra no solo por homicidio, sino también por el aborto, ambas figuras concursadas idealmente. Es decir, este Estado, que persigue injustamente a las mujeres que deciden abortar por las razones que sean, cuando sí debe perseguir (porque aquí si tenemos un aborto sin el consentimiento de la mujer embarazada), no lo hace.  Tratándose de un tercero que decide sobre el cuerpo de la mujer, provocando tanto el aborto como el homicidio, el Estado no tiene interés en tal persecusión. Esto demuestra claramente las hipocresía de este  Estado, y también la posición de quienes peleamos la legalización del aborto: no somos "aborteras", sino que defendemos el derecho de la mujer a decidir, y el derecho de la mujer a no ser criminalizada cuando decide interrumpir el embarazo. Y como defendemos ese derecho de la mujer a decidir, también defendemos que quiera gestar un embarazo y que ese derecho sea protegido.

Fuente: http://www.pcr.org.ar/nota/mujer/juicio-por-el-femicidio-de-georgina-vera

Reproducimos Comunicado

CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO en Ciudad de Buenos Aires

Viernes 20 de Enero de 2012 a la 14,30 a la Casa de Entre Ríos de C.A.B.A.- Suipacha 840

Convocamos  a las  organizaciones sociales que nos acompañen a fin de hacer entrega de nuestro Comunicado y expresar la total reprobación que sentimos ante  los dichos del Ministro de Salud de esa Provincia, por desconocer el Código Penal vigente, la ley de salud sexual y reproductiva y el cuerpo normativo que garantizan  los derechos humanos básicos de las mujeres-niñas. Seguimos sosteniendo que no cumplir con los abortos  no punibles es un delito y  que la criminalización del aborto y los obstáculos al acceso a intervenciones seguras constituyen una violación de los derechos humanos de las mujeres.

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR

ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR

ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.



Abuso de poder sobre la madre de la niña de once años violada que solicita un aborto no punible

En relación al pedido de que se realice un Aborto No Punible a una niña de once años violada y embarazada de once semanas, la CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO ENTRE RÍOS denuncia que la madre de la niña está siendo intimidada, presionada, manipulada para que retire el pedido de interrupción del embarazo, en un evidente abuso de poder por parte del juez y de los médicos que intervienen con “pericias médicas” e informes sobre la supuesta viabilidad del embarazo en la niña de once años. Todo esto con sucesivas “audiencias – entrevista” del Juez a la niña, a la madre y hoy jueves 19 al ¡¡¡¡¡Padrasto!!!!!.
La abogada que representa a la madre de la niña (Dra. María Susana Benítez) en forma telefónica el día 18 de enero, nos manifestó que las presiones recibidas estarían haciendo declinar la decisión de la madre de solicitar ante la justicia el aborto terapéutico para su niña de 11 años.
Por tal motivo, reclamamos públicamente que cesen todas las manipulaciones y violaciones a los derechos de la madre como responsable legal de la niña.
Las autoridades intervinientes de todos los poderes del estado SABEN QUE LA MADRE TIENE DERECHO A PEDIR LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO (ART 86 CP) SIN NECESIDAD DE JUDICIALIZACION ALGUNA, PORQUE LA NIÑA DE ONCE AÑOS HA SIDO VIOLADA (ART. 119 CP).

Esta burda, injusta, agraviante manipulación de los sentimientos de la madre para hacerla desistir del pedido original, es violatorio de todos los derechos humanos de la niña. El incumplimiento de lo establecido por las leyes citadas y las normas nacionales en los protocolos de atención médica en casos de embarazos no punibles, resulta ser el disparador de toda esta situación: ahora debe expedirse la justicia, porque una vez más, el sistema sanitario público de Entre Ríos ha vulnerado un derecho judicializándolo.

En consideración a lo anterior señalamos que nos resulta deplorable que por medio de dilaciones y acciones de revictimización de la niña y de su entorno familiar, se logre la declinación de reclamar por un derecho, lo cual constituye un avasallamiento a la dignidad de las personas.
Una vez más, quienes integramos la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Entre Ríos, exigimos a la justicia entrerriana y en particular a los tribunales de la ciudad de Concordia que cumplan con la legislación vigente que garantizan el acceso al aborto no punible.

Queremos destacar también que la criminalización del aborto y los obstáculos al acceso a intervenciones seguras constituyen una violación de los derechos humanos de las mujeres.
Por este motivo, RECLAMAMOS AL GOBIERNO PROVINCIAL DE ENTRE RÍOS que cumpla con lo que dice en el comunicado oficial del día 18 de enero:

“… las decisiones a adoptarse con relación la solicitud de interrupción del embarazo no punible de la niña se encuentran enmarcadas penalmente en los artículos 86° y 119° del Código Penal vigente, la ley de salud sexual y reproductiva. “ “…la Constitución Provincial (reformada en 2008 y vigente) artículo 15° párrafo segundo: “El Estado garantiza (…).La dignidad de la persona, los derechos inalienables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del orden político y de la paz social…”

Articulo 19° párrafo primero: “La Provincia reconoce la salud como derecho humano fundamental, desarrollando políticas de atención primaria. La asistencia sanitaria será gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna. Será prioritaria la inversión en salud, garantizando el primer nivel de atención, así como la formación y capacitación.(…)” y el artículo 20°: “Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos básicos.”

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR

ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR

ABORTO LEGAL PARA NO MORIR

Fuente: http://www.abortolegal.com.ar/?p=1753

El cuerpo expropiado

Una opinión que vale la pena leer...

Por Enrique Stola. Médico psiquiatra. Psicodramatista.

No es una historia talibán. Ocurre en Entre Ríos, Argentina, siglo XXI. Una niña de 11 años, violada y embarazada. Tempranamente ella aprende los códigos machistas: el cuerpo de las mujeres pertenece a los hombres. Su humilde mamá pide ayuda profesional. Rápidamente aparecen quienes son los guardianes de la moral, de las leyes y los representantes del Estado provincial y decretan que el cuerpo de la niña les pertenece. La niña pide “volver a ser como antes”, seguir siendo niña. Los guardianes dicen NO. El NO se ve reforzado por la presión de los aliados de la muerte, fanáticos que se llaman “pro-vida” y suspiran cada vez que una mujer pobre muere por un aborto clandestino: la muerte es la forma en que Dios hace pagar el pecado de abortar. Ningún médico/a, cuando diagnosticó el embarazo, informó a la mamá sobre los derechos que la niña tenía (tenía, porque sus derechos fueron confiscados por el Estado). Nadie le dijo que la Organización Mundial de la Salud la tiene en cuenta y que ella, con sólo 11 años, no goza de buena salud por el disparo al psiquismo sufrido y que sufrirá aún más cuando le impongan ser madre, ya que no tiene autonomía para decidir. Mientras, el director del Hospital Masvernat de Concordia informó al juez que ella era un buen armario-contenedor y que podría parir sin riesgo. Si no, que no se preocupara: el ministro de Salud había pensado ya en una cesárea. ¡Todos hablan de la buena salud del armario-contenedor! Nadie le dice a esta niña que si fuera hija o nieta del juez, del ministro o de los médicos, en estos momentos estaría jugando y ya habría vuelto a ser la que era. Si ella fuera de clase media o alta, no se violarían la Convención Internacional de los Derechos del Niño ni las leyes 26.061 y 26.485. El aborto no punible se habría realizado sin inconvenientes para su salud, y el estrés postraumático por la violación podría resolverlo con psicoterapia.

Ella sólo es una niña pobre que sufre un atentado a su salud psicofísica, un festín para la ignorancia, la hipocresía y la cobardía social.

“Paga con su cuerpo el costo de ser pobre”

Después de que la obligaron a judicializar el caso, la madre de la niña de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de un abuso resolvió que la gestación continúe. La nena había expresado su intención de “volver a ser como antes”. Duras críticas de una organización para la defensa de la salud de madres y niños.

Por Mariana Carbajal
La madre de la niña entrerriana de 11 años sorpresivamente retiró ayer de la Justicia el pedido de aborto no punible y decidió que su hija continúe adelante con el embarazo producto de un abuso sexual. Así lo confirmaron al mediodía a este diario fuentes judiciales de Concordia, donde tramitaba la solicitud. Organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se manifestaron a las 8 de la mañana frente a los tribunales de esa ciudad y denunciaron que la mujer, que tiene 27 años y es muy humilde, estaba siendo “intimidada, presionada y manipulada” para que diera marcha atrás en su reclamo por parte del juez de Familia, Raúl Tomaselli, que tenía el caso en sus manos, en lo que consideraron “un evidente abuso de poder del magistrado y también de los médicos que intervinieron con pericias médicas e informes sobre la supuesta viabilidad de la gestación”. Desde la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién Nacido y Niño (Asumen), que integran Unicef, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Federación Argentina Sociedades de Ginecología y Obstetricia, entre otras entidades, cuestionaron duramente “la falta de respuesta inmediata a la problemática de la niña embarazada” y advirtieron sobre las “graves consecuencias” que la continuación del embarazo podrá tener sobre “la salud y la calidad de vida” de la nena.

“Esta niña, por ser pobre, está pagando con su cuerpo y su salud, el costo de la injusticia social que se traduce en un comportamiento discriminatorio por parte de las instituciones que intervinieron en el caso, además de otros actores sociales que inciden en la problemática”, sostuvo en diálogo con Página/12 el médico obstetra e investigador Ariel Karolinski, representante de la Comisión Coordinadora de Asumen. La Alianza, conformada por importantes sociedades médicas nacionales e internacionales, fue creada en 2009 con el fin de promover, intensificar y armonizar las acciones tendientes a mejorar la salud de las madres, recién nacidos, niños y niñas. Es la primera vez que se pronuncia sobre un caso de aborto no punible. “En este caso, se están vulnerando una serie de derechos contemplados en la mayoría de los tratados internacionales, los cuales forman parte del cuerpo de la Constitución nacional. Algunos de ellos, contenidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como es el caso de respetar el interés superior del niño (en este caso de la niña), asegurar el mejor cuidado de su salud, respetar el derecho al desarrollo pleno, y asegurar el derecho a erradicar toda forma de maltrato, abuso y violencia”, señaló en un comunicado, firmado por la Academia Nacional de Medicina (ANM), la Asociación Argentina de Perinatología (Asaper), la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (Sogiba), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), la Federación Argentina de Enfermería (FAE), la Federación de Obstétricas de la República Argentina (FORA), la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada), el Centro de Investigación en Salud Poblacional, el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires, la Fasgo, la OPS, Unicef y la SAP.

También la CTA emitió una extensa declaración, en la que alertó que “resulta a todas luces evidente que este cambio –en la posición de la madre– no ha sido producto de una decisión en libertad, sino de la información sesgada y falaz recibida, así como todas las presiones ejercidas para vulnerar sus derechos”. Antes de conocerse que la madre desistía en su reclamo, docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) dieron a conocer un pronunciamiento sobre el caso, en el que pidieron que se garantizara el acceso al aborto no punible a la niña, dado que el pedido encuadraba en los supuestos de no punibilidad previstos en el Código Penal, al tratarse de un embarazo producido como consecuencia de un abuso sexual.
Uno de los defensores oficiales de Concordia que actuó en el caso negó a Página/12 que haya habido presiones sobre la familia. Ese mismo defensor, durante el diálogo con este diario, negó que la nena pudiera tener algún trauma por el abuso sexual. “Yo vi el testimonio que dio en la cámara Gesell. No se la ve angustiada ni llora”, dijo, minimizando la gravedad del hecho.

Según pudo saber este diario de otras fuentes con acceso al caso, a la madre le habrían dado en el juzgado información falsa sobre los riesgos asociados al aborto que la habrían atemorizado, como ya ocurrió en otros casos similares, unos de ellos el de otra niña de condición muy humilde violada en 2011 en la provincia de Misiones. También habría incidido la fuerte exposición mediática del caso, a partir de las polémicas declaraciones del ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, en las que afirmó que no estaba de acuerdo con el aborto, que no encuadraba en las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal y que la niña estaba en condiciones de salud de continuar con la gestación, junto con la posición de los médicos del Hospital Masvernat, de Concordia, que también alegaron que el cuerpo de la nena podía soportar la gestación.

El miércoles, integrantes de organizaciones de mujeres de la provincia intentaron acercarse a la familia para expresarle su solidaridad en su batalla judicial, pero se encontraron con que la abogada de la madre, Susana Benítez, inesperadamente les impuso un cerco para impedirles contactarse con la mamá y la niña. “Esa actitud de la abogada nos llamó la atención. Incluso ni nos quiso recibir ella”, contó a este diario Betiana Spadillero, de Mujeres Tramando, de Paraná. Según trascendió, Benítez estaría vinculada con profesionales del Hospital de San Salvador, donde atendieron por primera vez a la niña y le detectaron el embarazo, y desde donde empujaron a su madre a judicializar el pedido de un aborto, aunque no requería autorización de un tribunal.

“Claro que hubo presiones. ¿Por qué citaron al padrastro? ¿Qué tiene que ver él? Esta nena de 11 está pidiendo que la dejen seguir viviendo su niñez”, señaló ayer María Victoria Sandoval, integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Concordia, quien participó de la protesta que organizaciones sociales, sindicales y de mujeres realizaron por la mañana frente a los tribunales de Concordia. Llamativamente, el juez Tomaselli citó ayer a la mañana a la pareja de la madre, que no es el padre de la niña, para que opinara sobre el pedido del aborto. La familia atravesó unos meses atrás un durísimo trance: la muerte en un accidente de tránsito de un hermanito de la nena abusada, hijo de la madre y su padrastro. El abuelastro de la nena, entrevistado por el corresponsal en Entre Ríos de la señal de cable TN, dijo que “habían decidido” que la niña prosiga con el embarazo “para al menos, en el futuro, con otro integrante en la familia, puedan suplir esa ausencia que tienen en ese lugar”, en referencia al fallecimiento del niño. La familia vive en General Campos, una localidad de unos 3000 habitantes, a 45 kilómetros de Concordia, en una vivienda muy precaria.

“El Estado es responsable de esta violación a los derechos humanos. Una niña de 11 años violada será sometida a un embarazo que no buscó y no deseó, con todo el daño biológico, social y psicológico que implica por la impericia y negligencia de los funcionarios públicos que no supieron o no quisieron estar sujetos a la ley”, advirtieron desde el Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders)-Entre Ríos, Carolina Comaleras y Silvia Primo.

El caso nunca debió judicializarse y debió resolverse en un hospital público, siguiendo las indicaciones del Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violencia Sexual y la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos no Punibles, elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación, donde está claro –en línea con la opinión que ayer publicó en este diario el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni– que cualquier mujer violada tiene derecho a pedir la interrupción de un embarazo producto de esa relación forzada, y que no es necesario un aval de un juez. La investigación penal está a cargo de una fiscalía del departamento judicial de Colón. Ayer se supo que el joven acusado del delito se negó a declarar. Hoy, en Concordia, se desa-rrollará una jornada informativa para evitar que se repitan casos similares frente a un pedido de aborto no punible. La ONG Lesbianas y Feministas contra la Descriminalización del Aborto, que gestiona una línea telefónica (011-156-6647070) donde informan sobre el aborto con medicamentos visitarán los tribunales, el Hospital Masvernat y en la plaza central harán una radio pública. En las actividades participarán también trabajadoras sociales, docentes y médicos de la Red contra el Aborto Inseguro.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-185863-2012-01-20.html

Condenaron a un hombre a dos años y medio de prisión por amenazas

El titular del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10 de la Ciudad, Gabriel Eduardo Vega, resolvió condenar a dos años y medio de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre que amenazaba a su familia de manera continua.

El imputado reconoció la autoría de las amenazas denunciadas, por lo que la Fiscalía y la querella lograron llegar a un acuerdo con el abogado defensor para establecer la duración de la pena. Asimismo, el imputado realizará un tratamiento psicológico.

Nota respecto al caso publicado por Clarín:

Denunció al marido por maltrato: lo condenaron a 2 años y medio

El es adicto al paco y también amenazaba a los hijos. La sentencia es efectiva.

En su mano izquierda lleva tatuada la inicial del nombre de su ex marido: Walter Asis (36). Mariela Santa Cruz (38) se lo hizo hace 15 años cuando estaba enamorada de ese hombre alto y morocho, con la que tuvo dos hijos y que ahora esta en la cárcel de Ezeiza. El lunes fue condenado, en un fallo inédito para la Ciudad de Buenos Aires, por el delito de amenazas agravadas por el uso de armas contra Mariela, y amenazas y maltrato físico contra sus hijos. Pasará los próximos dos años y seis meses preso. Ahora, en el barrio Illia, sus vecinos la felicitan porque se animó.

El 5 de julio de 2010 Mariela fue abuela. Cuando llegó del hospital fue a la casa de su mamá. Enseguida, Walter se asomó por una de las cinco ventanas de la casa y apuntándola con un arma, le gritó “¡Te voy a matar, yo no tengo nada que perder”. Mariela hizo la denuncia penal pero luego retiró los cargos.

El 13 de octubre, mientras Mariela trabajaba, su hijo Sebastián de siete años hacía los deberes en su pieza. Walter entró a la habitación de su hijo: –¡Puto, ¿dónde dejaste el lápiz que mamá te compró ayer? Buscalo porque si no te voy a pegar. Te voy a matar!, gritó Walter.

La hermana de Sebastían, Soledad, escuchó su llanto y llamó a su mamá. “Ese día dije ‘hasta acá llegué’. El límite son mis hijos. Mi hija me llamó llorando y salí del trabajo rápido y llamamos a Gendarmería”, dice a Clarín Mariela.

Cuando lo fueron a detener, Walter se refugió en la casa del padre de Mariela “Mi papá me pegó mucho cuando era chica. A mi mamá también le pegaba. Con Walter se entendían, se llevaban muy bien. Cuando Gendarmería le preguntó a mi papá por él, respodió ‘acá no esta’”, dice.

Mariela cuenta que durante cinco años estuvieron bien; Walter ayudaba a sus hijos a hacer los deberes o les revisaba la cabeza para encontrarle piojos. Cayó preso por robo y cuando salió de la cárcel era otra persona: “Adicto al paco y alcohólico”. Walter no trabajaba y se pasaba gran parte del día consumiendo pasta base. Pasó 10 años tremendos cargados de violencia física y verbal. Lo único que le regalaba a ella eran bombachas: sabía cuántas tenía y si una desaparecía le pegaba.

En la casa de Mariela funciona un jardín comunitario: todos los días comen y toman la leche unos 15 chicos. No recibe ninguna ayuda del Gobierno de la Ciudad. También en su casa da talleres para mujeres que sufren violencia doméstica. Trabaja haciendo matenimiento en el Centro de Primera Infancia la Hormiguita Viajera. “Necesito ayuda de profesionales para el apoyo de las chicas. Y comida para el jardín”, cuenta. Mariela, ahora, se conforma con lo cotidiano: volvió a desayunar con sus hijos y a dejar su billetera arriba de la mesa sin temor a que él le robe la plata.

Es terrible, y no son casos aislados, miles de mujeres sufren la violencia de género y soportan todo tipo de degradación, muchas veces por miedo, por la dependencia económica que ese tipo de relaciones empuja a tener, por no tener contención, por los hijos, y tantas otras razones que le susurran al oído, "esto es lo que te tocó, conformate, aguanta..."  alimentado por ideas y mitos sobre el lugar que le corresponde a la mujer en esta sociedad patriarcal.Como futuros profesionales del derecho tenemos que tener en cuenta este tipo de casos, y tantos, tantísimos otros. No se puede esperar a tener la cara ensangrentada o un revolver en la cabeza para que la justicia actúe, estos casos se deben tomar con la seriedad que merecen, protegiendo la integridad de sus víctimas y la de su familia.

Debemos luchar contra esta violencia de género desde lo cotidiano y desde el derecho, poner todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que estos hechos no queden impunes, para modificar  leyes defectuosas o inexistentes, para abrir la discusión sobre tantos artículos, tratados, y fundamentos erróneos que nos enseñan como la "verdad absoluta" y lo único que hacen es formarnos para ser funcionales a este sistema, y este sistema es machista.
No legitimemos ni justifiquemos la violencia, las mujeres seguiremos luchando por lo que nos corresponde!!!



El Gobierno K y la Explotación sexual de las Mujeres.

Las víctimas aumentan día a día al mismo tiempo que las autoridades hacen poco y nada para resolverlo. Los antecedentes de la trata en la Argentina, que no es un problema de hoy, comenzó a principio del siglo XX, con las primeras inmigraciones aunque se ha recrudecido con el mayor empobrecimiento.
No puede negarse la responsabilidad del gobierno en la explotación sexual de mujeres.

Los prostíbulos pululan en todas partes, en cualquier confitería, wiskería, en casas modestas a lo largo de las rutas o en locales o departamentos de lujo; ello a pesar de estar prohibidos por Ley Nacional y por la Convención contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Sin embargo trabajan impunemente y como en el caso de Río Gallegos, acaba de salir un fallo que reabre los prostíbulos, llamadas “Las Casitas”, y opiniones como las de Aníbal Fernández: “mejor que se abran si no los hombres van a salir a violar mujeres”. También, de los nueve candidatos a intendente de Río Gallegos seis están de acuerdo para que “Las Casitas” vuelvan a funcionar.

En la Argentina existen aproximadamente ocho mil prostíbulos y 60.000 mujeres en condiciones de explotación sexual.
Sólo de vez en cuando la Justicia condena algún proxeneta, si se trata de algún caso resonante, de lo contrario, la respuesta es reprimir a las víctimas. Nunca se llega a los grandes responsables, a los jefes de las redes de prostitución, o a funcionarios, legisladores, empresarios, fiscales, comisarios o jueces que participan del negocio.

El Estado, el gobierno, los poderes legislativos y la Justicia son responsables por lo que hacen, pero también por lo que no hacen. No persiguen a los explotadores, no respetan ni protegen los derechos humanos de las víctimas, no destinan leyes, programa y presupuesto a la creación de refugios, asistencia médica, jurídica y psicológica ni realizan campañas destinadas a desnaturalizar a la prostitución y mostrarla como lo que es realmente: explotación y violencia.

La lucha del movimiento de mujeres contra la trata y la explotación sexual viene de hace mucho tiempo. Madres, vecinas, amigas y muchas organizaciones del pueblo se organizan para denunciar y combatir la trata de personas para su explotación sexual. Por ejemplo, La Red no a la trata, la fundación La Alameda y las distintas multisectoriales de mujeres a lo largo y ancho del país tomamos este tema en nuestras manos para enfrentarlo y combatirlo. Esto nos llevó a la Ley de Trata: fruto de la lucha de las organizaciones populares, las que hoy siguen peleando por las modificaciones que la misma requiere pero también fruto de la lucha de los movimientos de mujeres hoy. Cristina Kirchner tuvo que sacar el Decreto 936/11, que prohíbe los avisos que promueven la oferta sexual y la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la oficina de Monitoreo de publicación de avisos de oferta de comercio sexual, de paso oficina que monitorea el propio gobierno.

¿Anuncios no, prostíbulos sí?

El reciente Decreto 936 es una buena medida para terminar, en parte y parcialmente, con la identificación de la mujer como objeto, como una mercancía que se compra, se usa y se tira, a la par que cualquier otro objeto. Pero está muy lejos de ser la medida necesaria crucial para terminar o dar batalla a la trata de personas, como fuera anunciado por nuestra presidenta.

Prohibir a los medios gráficos la publicación de avisos de oferta sexual está bien, pero bajo ningún punto de vista va a evitar o atenta contra las redes de trata, ya que la mayoría de las veces, el proxenetismo y el reclutamiento de jóvenes para las redes no se encubre en el rubro de “servicios personales” sino en el vinculado con “laborales” o “empleos ofrecidos”. Son los que ofrecen trabajo con vivienda y ganancia a porcentaje a “señoritas buena presencia” para whiskerías, casas de masajes, cabaret, agencias VIP. Por otro lado, invisibilizar el problema no equivale a remediarlo. Y no se puede transferir a los medios de comunicación la responsabilidad estatal de combatir la trata de personas.

Si verdaderamente este gobierno buscara evitar la trata de personas, debería apuntar a desmantelar las redes de protección policial, los jueces y los gobernantes que son parte de tan nefasto negocio.

Vale aclarar, además, que la prohibición de esos avisos ya estaba estipulada en un proyecto de ley sobre trata de personas que elaboraron legisladores de la oposición y que desde hace más de un año está postergado por el oficialismo en comisiones del Congreso. Y, en parte, también se encontraba estipulado en la Ley de Medios, inciso tres.

Por último, no puede abordarse la problemática de la trata de personas y la explotación sexual sin tener en cuenta la situación social de pobreza que afecta a millones de personas, empujándolas muchas veces a vender su cuerpo para sobrevivir o responder a anuncios malintencionados.

¿Acaso la presidenta no sabía que los avisos de oferta sexual encubren situación de trata y explotación de mujeres?

Son cómplices del tercer negocio más rentable del mundo. La Argentina permanece en la categoría cuatro de la lista de observación de ONU por tercer año consecutivo, debido a que no ha demostrado haber aumentado los esfuerzos para combatir la trata de personas.

Exigimos que el gobierno nacional establezca, políticas públicas efectivas de prevención, protección y asistencia a las víctimas, financiadas con fondos suficientes previstos en el presupuesto nacional.

Nosotras decimos:¡Basta!No queremos ni una víctima más de las redes de prostitución ni de cualquier otro tipo de abuso. Queremos que se declare la” emergencia nacional en violencia sexual contra las mujeres”, y que se reforme definitivamente la Ley de Trata.

Fuente: /www.pcr.org.ar/