El Gobierno K y la Explotación sexual de las Mujeres.

Las víctimas aumentan día a día al mismo tiempo que las autoridades hacen poco y nada para resolverlo. Los antecedentes de la trata en la Argentina, que no es un problema de hoy, comenzó a principio del siglo XX, con las primeras inmigraciones aunque se ha recrudecido con el mayor empobrecimiento.
No puede negarse la responsabilidad del gobierno en la explotación sexual de mujeres.

Los prostíbulos pululan en todas partes, en cualquier confitería, wiskería, en casas modestas a lo largo de las rutas o en locales o departamentos de lujo; ello a pesar de estar prohibidos por Ley Nacional y por la Convención contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Sin embargo trabajan impunemente y como en el caso de Río Gallegos, acaba de salir un fallo que reabre los prostíbulos, llamadas “Las Casitas”, y opiniones como las de Aníbal Fernández: “mejor que se abran si no los hombres van a salir a violar mujeres”. También, de los nueve candidatos a intendente de Río Gallegos seis están de acuerdo para que “Las Casitas” vuelvan a funcionar.

En la Argentina existen aproximadamente ocho mil prostíbulos y 60.000 mujeres en condiciones de explotación sexual.
Sólo de vez en cuando la Justicia condena algún proxeneta, si se trata de algún caso resonante, de lo contrario, la respuesta es reprimir a las víctimas. Nunca se llega a los grandes responsables, a los jefes de las redes de prostitución, o a funcionarios, legisladores, empresarios, fiscales, comisarios o jueces que participan del negocio.

El Estado, el gobierno, los poderes legislativos y la Justicia son responsables por lo que hacen, pero también por lo que no hacen. No persiguen a los explotadores, no respetan ni protegen los derechos humanos de las víctimas, no destinan leyes, programa y presupuesto a la creación de refugios, asistencia médica, jurídica y psicológica ni realizan campañas destinadas a desnaturalizar a la prostitución y mostrarla como lo que es realmente: explotación y violencia.

La lucha del movimiento de mujeres contra la trata y la explotación sexual viene de hace mucho tiempo. Madres, vecinas, amigas y muchas organizaciones del pueblo se organizan para denunciar y combatir la trata de personas para su explotación sexual. Por ejemplo, La Red no a la trata, la fundación La Alameda y las distintas multisectoriales de mujeres a lo largo y ancho del país tomamos este tema en nuestras manos para enfrentarlo y combatirlo. Esto nos llevó a la Ley de Trata: fruto de la lucha de las organizaciones populares, las que hoy siguen peleando por las modificaciones que la misma requiere pero también fruto de la lucha de los movimientos de mujeres hoy. Cristina Kirchner tuvo que sacar el Decreto 936/11, que prohíbe los avisos que promueven la oferta sexual y la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la oficina de Monitoreo de publicación de avisos de oferta de comercio sexual, de paso oficina que monitorea el propio gobierno.

¿Anuncios no, prostíbulos sí?

El reciente Decreto 936 es una buena medida para terminar, en parte y parcialmente, con la identificación de la mujer como objeto, como una mercancía que se compra, se usa y se tira, a la par que cualquier otro objeto. Pero está muy lejos de ser la medida necesaria crucial para terminar o dar batalla a la trata de personas, como fuera anunciado por nuestra presidenta.

Prohibir a los medios gráficos la publicación de avisos de oferta sexual está bien, pero bajo ningún punto de vista va a evitar o atenta contra las redes de trata, ya que la mayoría de las veces, el proxenetismo y el reclutamiento de jóvenes para las redes no se encubre en el rubro de “servicios personales” sino en el vinculado con “laborales” o “empleos ofrecidos”. Son los que ofrecen trabajo con vivienda y ganancia a porcentaje a “señoritas buena presencia” para whiskerías, casas de masajes, cabaret, agencias VIP. Por otro lado, invisibilizar el problema no equivale a remediarlo. Y no se puede transferir a los medios de comunicación la responsabilidad estatal de combatir la trata de personas.

Si verdaderamente este gobierno buscara evitar la trata de personas, debería apuntar a desmantelar las redes de protección policial, los jueces y los gobernantes que son parte de tan nefasto negocio.

Vale aclarar, además, que la prohibición de esos avisos ya estaba estipulada en un proyecto de ley sobre trata de personas que elaboraron legisladores de la oposición y que desde hace más de un año está postergado por el oficialismo en comisiones del Congreso. Y, en parte, también se encontraba estipulado en la Ley de Medios, inciso tres.

Por último, no puede abordarse la problemática de la trata de personas y la explotación sexual sin tener en cuenta la situación social de pobreza que afecta a millones de personas, empujándolas muchas veces a vender su cuerpo para sobrevivir o responder a anuncios malintencionados.

¿Acaso la presidenta no sabía que los avisos de oferta sexual encubren situación de trata y explotación de mujeres?

Son cómplices del tercer negocio más rentable del mundo. La Argentina permanece en la categoría cuatro de la lista de observación de ONU por tercer año consecutivo, debido a que no ha demostrado haber aumentado los esfuerzos para combatir la trata de personas.

Exigimos que el gobierno nacional establezca, políticas públicas efectivas de prevención, protección y asistencia a las víctimas, financiadas con fondos suficientes previstos en el presupuesto nacional.

Nosotras decimos:¡Basta!No queremos ni una víctima más de las redes de prostitución ni de cualquier otro tipo de abuso. Queremos que se declare la” emergencia nacional en violencia sexual contra las mujeres”, y que se reforme definitivamente la Ley de Trata.

Fuente: /www.pcr.org.ar/