La madre de la joven, la hija. Los diversos sectores sociales y políticos. Todos, en reclamo de justicia por el secuestro de Marita Verón a manos de una red de trata. En el arranque, los defensores de los imputados pidieron que se anulara el juicio. Hoy decide el tribunal.
El grito desgarró el sopor de la mañana: “Justicia, justicia por Marita”, clamó y medio centenar de personas se pusieron en marcha. Su destino fue el Palacio de Justicia de la ciudad de Tucumán, apenas cinco cuadras de camino, un recorrido simbólico para describir otro más arduo. Ese que recorrió la familia de María de los Angeles Verón desde que fue secuestrada, el 3 de abril de 2003, hasta ayer, cuando se inició el juicio oral y público por la “privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución” de la joven que entonces tenía 23 años; por quitarle la chance de acompañar a crecer a su hija, de convertirse en maestra de artes plásticas, de darle el último adiós a su padre, de diseñar su propio proyecto de vida. Por convertirla en una desaparecida.
Al frente de la marcha, Susana Trimarco, mamá de Marita, y Sol Micaela Alcalá, su hija ahora convertida en una señorita de pecas y ojos redondos, se daban la mano. Ellas, mejor que nadie, saben qué quiere decir aquello que rezaba la pancarta: “Buscamos a Marita, encontremos justicia”. Con su extraña sintaxis, la frase resume una trayectoria doble: la esperanza de encontrarla con vida, la necesidad de que se haga justicia aun de manera parcial. Porque en este juicio histórico que se abrió ayer, los hechos investigados se extinguen en 2004, cuando la fiscal Adriana Reinoso Cuello dio por cerrada la causa y pidió su elevación a juicio oral.
Los delitos que comenzaron a juzgarse ayer describen el secuestro de la joven, cómo la retuvieron contra su voluntad en una casa de un barrio periférico de San Miguel de Tucumán, cómo fue vendida cual ganado en pie a una banda de proxenetas de la ciudad de La Rioja, cómo la explotaron sexualmente en tres prostíbulos de la zona, y nada más. Después su rastro se pierde entre pistas mal investigadas o directamente descartadas, entre encubrimientos –de los que nadie duda aunque tampoco hay quién los señale con claridad– y vericuetos judiciales que llevan ocho años sin resolverse del todo.
Trece personas estuvieron sentadas ayer en el lugar de los acusados. Todos comparten la misma imputación: “Privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución en concurso ideal”. María Jesús Rivero, su hermano, Víctor Rivero; Daniela Milheim y Alejandro González, todos oriundos de Tucumán, serían los responsables de haberla secuestrado, retenido y vendido a la banda de La Rioja, integrada por Lidia “Liliana” Medina y sus hijos, José Gonzalo “Chenguita” Gómez y José Fernando “Chenga” Gómez –dueños de los prostíbulos Candy, Candilejas y El Destino, todos ubicados a la entrada de la capital riojana, sobre la ruta 38–; y por Carlos Luna, Paola Gaitán, María Azucena Márquez, Mariana Bustos -–todos regentes de los burdeles mencionados– y Carlos Andrada, un ex policía que sería quien trasladó a Marita Verón desde Tucumán a su provincia cuando todavía estaba en actividad.
Sobre la izquierda de una sala pensada hasta en sus últimos detalles –la altura de las sillas, la separación entre acusadores y acusados, el sitio destinado a la prensa, a los organismos de la sociedad civil, a los funcionarios públicos—, sólo estuvieron los dos fiscales, Manuel López Rouge y Carlos Sale, y los abogados de la querella y la demanda civil. Susana Trimarco, la madre de la víctima, no estuvo presente; su calidad de testigo no se lo permitió. Hablará el martes frente al Tribunal de la Cámara Penal Sala II de San Miguel de Tucumán y después podrá seguir el debate mirando de frente a quienes convirtieron a su hija en víctima. A Sol Micaela Alcalá Verón, que tenía tres años cuando vio por última vez a su mamá, no se le permitió ingresar a la sala. Ni siquiera cumplió los 14 y el Código Procesal tucumano impide que “los menores incapaces” presencien audiencias públicas. Hasta la noche del martes, cuando terminó la misa que pidieron para acompañar el pedido de justicia, estaba enfurruñada y con el puchero listo para convertirlo en llanto. No entendía que la dejaran afuera, alguien tenía que representar a la familia en ese primer día tan buscado y sólo quedaba ella; su abuelo materno, Daniel Verón, murió en el curso de estos diez años de búsqueda. Ayer, después de hablar con la defensora de menores que la representó en la audiencia, había aceptado que tal vez ése no era el mejor lugar para ella y eligió hablar a través de una carta pública (ver aparte).
La cita para la apertura del juicio oral y público era a las ocho. Tucumán ardía a esa hora bajo un cielo gris y una humedad que apenas dejaba respirar. Susana Trimarco, su nieta Micaela y la monja Berta Povalej –una anciana que es directora de la misma escuela a la que asistió Marita y ahora su hija– se despidieron en la puerta del resto de las y los manifestantes, donde organizaciones de mujeres y agrupaciones políticas habían instalado sus banderas. Medio centenar de periodistas se acomodaron como pudieron en la sala de prensa; sólo ocho consiguieron lugar dentro de la sala. La lectura de la acusación, en la voz de la secretaria del tribunal, Norma Díaz Volachec, provocaba gestos que pretendían manifestar sorpresa entre los imputados.
El interés político de la causa quedó claro con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. También estaban allí Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón, asesinado a fines de los ’90 por efectivos de la policía mendocina, y Eugenia Viera, hermana de Andrea Viera, asesinada por la Policía Bonaerense dentro de una comisaría. Las dos integran la Oficina Anticorrupción que desde 2004 elabora estrategias para hacer visible la trama de la trata de personas con fines de explotación sexual a través del caso de Marita Verón. La diputada Victoria Donda llegó después de iniciada la audiencia.
Desde la calle, los altoparlantes pedían por el fin de las redes de trata y exigían a los gritos la aparición de Marita y de Fernanda Aguirre –desaparecida en Entre Ríos en 2004–; esas voces fueron interpretadas como “hostilidad manifiesta” por los defensores de la mayor parte del grupo de los riojanos y exigieron que se pidiera silencio antes de seguir. Fue la primera de las maniobras dilatorias. Apenas terminada la lectura de la requisitoria penal y una vez descriptos los daños y pedidos de indemnización del actor civil, Carlos Garmendia, empezaron a presentarse las nulidades pedidas por los distintos defensores. Fueron cinco en total, la mayoría concordaba en lo mismo: deficiencias técnicas a la hora de tomar indagatoria a los acusados en el año 2003 por no haberse descripto acabadamente “el hecho histórico” que dio origen a la imputación. Pero estos cuatro pedidos de nulidad de todo lo actuado después de ese primer momento ya habían sido presentados y rechazados en cuatro instancias judiciales anteriores. Sólo una, a juicio de la querella representada por Carlos Vega, Belén Lembo y Jorge Dantona, merece análisis y respuesta. Se trata de la presentada por Roberto Flores, defensor de Carlos Luna, Paola Gaitán y José Gonzalo Gómez, quien dijo que no había sido notificado de la elevación a juicio en relación con Gómez, lo que lo habría dejado sin legítima defensa y en cambio se había notificado a Carlos Posse, defensor del hermano mellizo de Gómez, José Fernando. Que ambos imputados compartan uno de sus nombres de pila, el apellido y la fecha de nacimiento podría explicar el error; a esto hay que sumarle que los abogados Flores y Posse fueron alternativamente abogados de uno y otro de los mellizos y en la información presentada por el tribunal aparecen como codefensores de José Gonzalo Gómez. Todo esto hace suponer que la nulidad no será tomada en cuenta.
Lo cierto es que el debate no se abrió y se pasó a cuarto intermedio hasta hoy, cuando se dé vista al fiscal y el tribunal, integrado por Alberto Piedrabuena -–presidente– y los vocales Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, tome la decisión que corresponda. “Este juicio va a seguir –insistió, frente a Página/12, Carlos Garmendia—; desde 2004 que se intenta detenerlo con diferentes estrategias, el último recurso se presentó en diciembre del año pasado. Ahora no hay vuelta atrás y demostraremos, además de la responsabilidad de los imputados, cómo funciona una red de trata con fines de explotación sexual. Porque aunque no sea la ley de trata la que se aplica porque se sancionó en 2008 y la ley no es retroactiva, en todos los hechos descriptos estamos hablando y demostrando eso: un caso de trata, con una mujer secuestrada, retenida, vendida, trasladada y lamentablemente desaparecida.”
