El 24 de febrero del corriente, el senado español sancionó la ley que consagra el aborto libre para las mujeres en las primeras 14 semanas de gestación y despenaliza la interrupción del embarazo. Las organizaciones feministas y de derechos humanos así como los partidos de izquierda y progresistas saludaron la aprobación de la nueva Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que entrará en vigor dentro de cuatro meses. Por una mayoría de 132 votos a favor contra 126 en contra, los senadores rechazaron 88 enmiendas parciales que varios grupos habían propuesto a la decisión adoptada por la Cámara de Diputados. También fueron rechazados los tres vetos presentados por el Partido Popular, los democristianos de la Unió, nacionalistas moderados, y la Unión del Pueblo Navarro.
Los sectores de la derecha conservadora, encabezada por los populares, y la Iglesia Católica han dado una larga batalla contra la ley, protagonizando multitudinarias manifestaciones en distintas ciudades españolas. La posición de la Iglesia española contó con el respaldo de la Santa Sede y del Papa, quien varias veces se dirigió a las multitudes desde el Vaticano.
La nueva ley estipula que las mujeres no necesitarán de ninguna autorización, patrocinio legal, del estado o médico para interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas y necesitará una autorización hasta la semana 22 si existen riesgos para la salud de la madre o de malformación del feto. Después de la 22 semanas, y ya con una intervención de un consejo médico, el aborto sólo podrá producirse si se detecta en el feto una enfermedad "grave o incurable".
El punto más controvertido autorizaba la interrupción del embarazo desde los 16 años hasta los 18 sin que la mujer tuviera que informar a previamente a sus padres. Varias fuerzas políticas hicieron una fuerte campaña en contra de este aspecto del proyecto. El Partido Nacionalista Vasco, PNV, logró que finalmente se modificara la ley al aprobar la "obligatoriedad de informar de la intervención al menos a uno de los padres, tutores legales o, en su caso, los ostentadores de la patria potestad de las embarazadas de 16 y 17 años". Una excepción deja de lado esta obligación si la información a los padres pone en peligro a la menor.
La senadora socialista, Leire Pajín, proclamó que España "salda ahora una vieja deuda que la sociedad había contraído con las mujeres. Las que no compartan la norma no harán uso de ella, pero a las que quieran hacerlo no podemos ni debemos impedírselo'', señaló Pejín al dirigirse a los senadores.
Carmen Dueñas vocera del Partido Popular, denunció que el gobierno socialista había impuesto del aborto libre "despreciando la voz de los ciudadanos". "El gobierno quiere acabar con uno de los pilares de la sociedad española como es la familia'', argumentó Dueñas. Los populares han afirmado que la ley es inconstitucional por lo que no se descarta una iniciativa ante el Tribunal Constitucional para bloquear judicialmente la ley.
Para la Iglesia y la Santa Sede esta nueva ley rompe con la tradición católica de España. La ofensiva llegó hasta el extremo que un vocero de la Conferencia episcopal aseguró que los diputados y senadores católicos que votasen a favor estarían cometiendo un grave pecado y no podrían comulgar. Desde 1985, cuando se aprobó la ley que ahora será reemplazada por el nuevo texto, el aborto era un delito. Sin embargo, durante 2008, 115.812 mujeres abortaron en España.
(Fuente: Clarín, 25/02/10)
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